El Agua es un bien natural finito y vulnerable, esencial para la vida. En el año 2004 el Pueblo DECIDIÓ. “El agua no es una mercancía es un derecho humano fundamental.” Firmemos para derogar la Ley de Riego, privatizadora, mercantilista y contaminante.
Extractado de la revista Caudal (Enero de 2018), órgano oficial de FFOSE.
Es sabido que disponemos de importantes fuentes de agua dulce en el país, integran estas ríos, arroyos, lagunas, cañadas y dos importantes acuíferos, el Guaraní que abarca 1:200.000 kilómetros cuadrados correspondiéndonos 5% (58.545 Km2.) de la extensión, que compartimos con Brasil (70% / 840.245 Km2.), Argentina (19% / 225.424 Km2.) y Paraguay (6% / 72.540 Km2.), y el acuífero Raigón, al sur del departamento de San José, con una extensión de 1.800 Km2.
Nos hemos caracterizado por la excelente calidad de las fuentes de agua dulce superficiales y subterráneas. Los casos de degradación del agua estuvieron relacionados con el desarrollo urbano y, en alguna medida, con la contaminación industrial, concentrándose particularmente en Montevideo, Canelones y Paysandú. Salvo raras excepciones en algunos casos puntuales de erosión, históricamente el sector agrícola no fue un actor relevante en sus impactos sobre el agua dulce.
Sin embargo, hace una década esta realidad ha venido cambiando. El paulatino deterioro de las fuentes de agua tanto superficial como subterránea vinculada al cambio del uso del suelo ha mostrado sus consecuencias. Hoy estamos pagando una «tasa ambiental», que significa el 7,3 % más en el cargo fijo del servicio de agua, para mitigar el impacto que han sufrido las fuentes de agua donde OSE tiene las tomas (Rio Santa Lucia, Laguna del Sauce, Laguna del Cisne).
En el plebiscito de 2004 en defensa del agua y de la vida se enfrentaron dos concepciones; la que sostenía que el agua dulce era una mercancía, y por lo tanto tenía un valor comercial, y los que sosteníamos que el agua era un bien común esencial para la vida. Esta contienda se dirimió con el voto de más de 1:400.000 ciudadanos (64,7% del padrón electoral) que decidieron que el agua no es una mercancía sino un bien común esencial para la vida, por tanto no forma parte del mercado. Sin embargo, esta voluntad del pueblo es ignorada y violentada.
Basta con ver hoy como se pretende burlar la voluntad del pueblo con esta Ley de Riego cuyo único objetivo es intensificar el uso del agua a niveles nunca vistos, al servicio del agronegocio y vinculada exclusivamente a los mega emprendimientos agrarios, sin ningún miramiento de las condiciones de las aguas, ni medidas que garanticen su cuidado.
Para entender las causas del paulatino deterioro en las aguas fruto del modelo productivo vigente tenemos que remontarnos a unas cinco décadas atrás.
La mentada Revolución Verde
En la segunda mitad del Siglo XX se introdujo en la agricultura mundial la denominada Revolución Verde, consistente en el desarrollo de variedades de semillas de alto rendimiento (principalmente para cultivos de cereales: arroz, maíz, trigo y soja), acompañado de paquetes de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas y de maquinaria apropiada. La Revolución Verde sentó las bases de la agricultura a gran escala del presente, basada en extensos monocultivos, la aplicación masiva de insumos químicos, manipulación genética y altos niveles de mecanización.
El uso de la misma variedad de semillas durante períodos prolongados y las grandes extensiones de monocultivos reducen la biodiversidad, lo que implica una disminución de su resistencia a las plagas. Como resultado, se incrementa el uso de plaguicidas y fertilizantes, generando un impacto negativo en el suelo, provocando el agotamiento y salinización del mismo, así como su compactación por la maquinaria utilizada.
El uso creciente de plaguicidas y fertilizantes da lugar a una alta concentración de nutrientes en los cursos y espejos de agua, comenzando a generarse problemas de eutrofización e híper-eutrofización en las fuentes de agua.
Socialmente este modo de producción agrícola excluyó más que incluyó gente, desaparecieron pequeños y medianos productores, cuyas tierras pasaron a ser ocupadas por monocultivos en manos de grandes empresas quedando las tierras en poder de unos pocos.
En este tipo de agricultura el productor se vuelve dependiente de los proveedores, ya que las semillas cosechadas (híbridas o transgénicas) no pueden ser usadas para una nueva siembra y, además, deben ir acompañadas de un paquete de plaguicidas y fertilizantes, así como de costosa maquinaria agrícola. Está basada, asimismo, en el desarrollo de cultivos exportables, de forma tal que cada vez se destinan menos tierras a aquellos cultivos locales y tradicionales, con menor interés de exportación.
La defensa de este modo de producción agrícola a nivel internacional ha estado asociada con el slogan de la “lucha contra el hambre”. La realidad demuestra lo contrario, enormes extensiones de tierras productoras de alimentos se destinan a monocultivos de caña de azúcar, soja y maíz transgénico, arroz y eucaliptos, cuyo destino principal no es luchar contra el hambre, sino abastecer la demanda de insumos por los países industrializados.
¿Hacia donde va Uruguay?
En Uruguay, los monocultivos de soja transgénica y de eucaliptos -de pinos en menor media- ocupan más de 2:000.000 de hectáreas, muchas de ellas en las mejores tierras, antes destinadas a la producción de alimentos. También aquí, la Revolución Verde sirvió para expulsar a pequeños y medianos productores rurales, con la consiguiente concentración de la tierra que continúa hasta el presente.
Este modo de producción agroindustrial o agroexportador ha sido el responsable de que muchos cuerpos de agua dulce del país (incluyendo importantes reservas de agua potable, como las cuencas de la Laguna del Sauce y el río Santa Lucía) sufran una creciente eutrofización y presencia de residuos de plaguicidas.
A 13 años del pronunciamiento popular por la enmienda del agua, los gobiernos han venido desconociendo, en beneficio del lucro y del gran capital, lo que la ciudadanía estableció en la Constitución. La promoción del cultivo de eucaliptos sin tener en cuenta las fuentes de cosecha del agua, la instalación de dos plantas industriales de celulosa y la proyección de una tercera planta; el intento de un emprendimiento minero a cielo abierto en el centro del país y la no prohibición del ‘fracking’ para la eventual explotación petrolera, hacen comprender que lejos están de la política de aguas establecida en la Constitución.
Nadie puede negar, en estos últimos años, el impacto negativo que ha causado en las fuentes de agua el cambio de la matriz productiva y con ella el cambio del uso del suelo. Basta con mencionar tres episodios ocurridos en el país. En marzo de 2013 en el Rio Santa Lucia fuente de agua que abastece a la mitad de la población radicada en la capital. En marzo de 2015 en Laguna del Sauce en el departamento de Maldonado donde se encuentra el centro turístico más importante, Punta del Este. Y en el Depto. de Canelones en la Laguna del Cisne en el 2016. Todos a causa del cultivo de soja transgénica en sus cuencas.
El país vive un proceso de degradación ambiental y social asociado con ese modelo de agricultura, además de gastar millones de dólares en importar fertilizantes y plaguicidas. Este sistema productivo no sólo provoca la eutrofización y contaminación de las aguas, sino que además conlleva la pérdida de biodiversidad en general y agrícola en particular, así como la degradación de los suelos.
Agravamiento del deterioro
Aunque el ex ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, decía que la Reforma de 2004 sólo hizo mención al agua potable, para sostener sus argumentos en defensa de la Ley de Riego y su corte privatizador, en realidad, no hacía más que demostrar su ignorancia o la falta de argumentos frente a la evidente violación a la disposición de la Constitución.
La iniciativa de Reforma Constitucional de 2004 se llevó a cabo precisamente para impedir la apropiación privada o la desposesión por contaminación de las fuentes de agua que se estaba implementando por aquellos entonces en la región.
Con la aprobación de la Política Nacional de Aguas (Ley N° 18.610) en 2009, se avanzó sustancialmente en la implementación práctica de la reforma constitucional. Allí se estableció una serie de instrumentos para trabajar y gestionar los “recursos hídricos” a nivel de cuencas hidrográficas. Se definieron tres niveles de trabajo: el Consejo Nacional de Agua Ambiente y Territorio, los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y las Comisiones de Cuencas, con participación del gobierno, los usuarios y la sociedad civil en cada uno.
La Ley de Riego promulgada el 27 de octubre de 2017, que pretende basarse en la recolección del agua de lluvia mediante embalses multiprediales para uso de riego agropecuario, contradice la normativa constitucional vigente no solo porque privatiza y agrava la contaminación del agua, sino porque además no prevé la participación en la gestión de los usuarios y la sociedad civil.
Las modificaciones aprobadas a la Ley de riego para favorecer y garantizar la producción del monocultivo de soja transgénica, agravan el impacto negativo sobre las fuentes de agua. La construcción de represas gestionadas por privados configura una amenaza potencial a la calidad del agua superficial, contraviniendo el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo hidrológico, establecidos en la Constitución. Ponen en riesgo además el consumo humano como derecho fundamental y prioritario consagrado en la misma.
El escenario que proyecta esta ley y las políticas asociadas profundizará la expulsión de los pequeños productores que quedan aún en el campo debido a las exigencias económicas que por medio de gravámenes e hipotecas dejarán a los productores a merced de los gestores privados del sistema de riego. Por lo tanto, tenderá a agravar la concentración y la extranjerización de la tierra.
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