Tensiones y conflictos sociales y ambientales generados por el modelo extractivista – agropecuario y arrocero – de producción en la región este de Uruguay, una zona caracterizada por su grado de naturalidad y el número de ecosistemas relevantes para la conservación.
[Fragmento del estudio «Tensiones y conflictos ambientales en la región Este de Uruguay: pasado, presente y futuro», de Angel Manuel Segura, Federico Pérez y Nicolás Esteban Frank Gabin, docentes e investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) Rocha.]
Introducción
El departamento de Rocha está situado sobre la costa Atlántica, al Este de Uruguay. Es un departamento fronterizo con Brasil y posee un enorme patrimonio natural y cultural. En su relieve se encuentran sierras y lomadas cristalinas, y un área importante de llanuras con escasa pendiente que da lugar a un sistema de bañados naturales y un sistema de dunas costero que alberga un monte psamófilo, típico de esta zona. Presenta un cinturón de lagunas costeras salobres con una enorme diversidad de aves, peces, crustáceos y otros organismos. Estas singularidades ambientales han sido reconocidas en diversos esfuerzos enfocados a la conservación en tratados nacionales (ej. Sistema Nacional de Áreas protegidas; SNAP) e internacionales (ej. Convención de RAMSAR) que apuntan a la conservación de la diversidad biológica y cultural (Menafra y col. 2006).
La población del departamento de Rocha (68.000 personas) vive concentrada en las ciudades [94 % de población urbana (1)]. La estructura productiva económica del departamento está fuertemente vinculada a las actividades basadas en recursos naturales, con la creciente presencia de la agroindustria. En particular, las principales especializaciones del departamento son la ganadería, la cadena arrocera y el turismo. La agricultura en Rocha sigue la tendencia observada para el resto del país en los años recientes. Los alimentos que genera son para la exportación, mediante la aplicación de modelos y paquetes tecnológicos que apuntan a escalas crecientes y mayor utilización de insumos, que han conducido a una intensificación de la producción (2). Estas nuevas modalidades de producción son más agresivas con el ambiente y sus efectos ecosistémicos y sociales se pueden visualizar en diversos indiciadores (Clerici y col. 2004). El incremento de las formas de producción basadas en paquetes tecnológicos e intensificación del uso del suelo y una creciente primarización de la economía llevan a un avance sobre los espacios naturales, y una pérdida de la calidad ambiental en general.
En este marco de intensificación de la producción, se plantea la hipótesis de que los beneficios generados por la apropiación de los bienes naturales y los costos asociados a la pérdida de calidad ambiental se distribuyen de forma asimétrica entre los diferentes involucrados. Esta hipótesis se ha planteado en el marco de la llamada justicia ambiental (Acselrad y col 2004, Berger, 2012). Según la hipótesis, es esperable que se incrementen la frecuencia e intensidad de los conflictos ambientales. En este sentido, estamos avanzando en la construcción de un observatorio de la región Este de Uruguay, en colaboración con el observatorio del extremo Sur de Brasil, que permita visibilizar y discutir sobre los problemas y conflictos ambientales de la región en el marco de la justicia ambiental.
Complejo arrocero
En la producción primaria departamental destaca la producción de arroz. El arroz en el país se produce en 170.000 ha de las cuales 31.000 están en el departamento de Rocha (18 % del total). Éstas se encuentran en la zona Norte del departamento, vinculadas al sistema de planicies contiguo a la Laguna Merín. El número de productores en toda la cuenca arrocera ha disminuido desde las zafras de la década de los ’90 con un quiebre en el 2000 y una tendencia a mantenerse estable en los últimos años en el entorno de 500 (7). Sin embargo, la producción de arroz y la superficie cultivada presentan un aumento exponencial, con una tendencia en las últimas ocho zafras a la estabilización y una asíntota estimada de ~200.000 ha. Según datos de la Asociación de cultivadores de arroz (ACA) – 70 % se siembra en tierra arrendada, 30 % son propietarios. Las tendencias en la superficie cultivada, la producción y el número de productores sugieren una concentración en el número de productores de arroz en la zona (8). Este escenario se registra en el marco de una disminución del precio relativo del arroz respecto a otros costos como el precio del combustible Diesel o la mano de obra (Salgado 2014). Es esperable que el aumento en los costos fijos perjudique más fuertemente al pequeño productor que a los grandes productores, fomentando la tendencia de pérdida de productores de pequeña escala. El negocio arrocero ha vivido mejores coyunturas en el pasado pero en la actualidad los márgenes se han reducido considerablemente, aunque el rendimiento por há (8 ton/há) ha alcanzado niveles comparables a los más altos del mundo (Estados Unidos) en base al desarrollo conjunto de variedades nacionales donde participan el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), los productores y los industriales arroceros. Sin embargo, estudios sectoriales estiman que no existe margen para mejoras adicionales en la productividad (9) y por lo tanto la rentabilidad general presenta una tendencia a disminuir.
La mano de obra ocupada directamente en el arroz se ubicó en la zafra 2013-2014 en 3.204 trabajadores. En los últimos años ha aumentado el número de há por trabajador hasta un valor de 50 há/trabajador en 2013-2014 mientras que en la zafra 1997-1998 era 38 há/trabajador (10). El aumento sostenido de la productividad del trabajo y el área sembrada ha hecho que la población trabajadora se mantenga relativamente estable a lo largo de los años (Piñeiro, 2001). El componente del costo de cultivo que ha experimentado mayores incrementos en los últimos cuatro años es la mano de obra, la que aumentó un 60 % en dólares. Sin embargo, la situación de los empleados dista de ser favorable (ver abajo). El combustible se incrementó un 12 % en dólares en el mismo período, mientras que la energía eléctrica se incrementó 25 % en dólares. En un escenario en que el número de pequeños productores (menos de 200 há) ocupa a un 48% del total, el aumento relativo de los costos les genera mayores dificultades y en algunos casos se registran problemas de endeudamiento relevantes.
La marcada orientación del complejo arrocero uruguayo a la exportación condiciona la subsistencia de las unidades productivas a la competencia mercantil sujeta a los precios internacionales. Esto contribuye a comprender tanto las estrategias de estos agentes económicos -trascendiendo explicaciones subjetivistas o moralistas- y las diversas formas en la que el Estado contribuye a viabilizar el sector. Los productores de arroz, al igual que otros exportadores, reciben un reintegro por parte del gobierno de 3% de los impuestos indirectos sobre el valor exportado. Este subsidio es de menor cuantía que en otras partes del mundo, pero representa un aporte del gobierno y los contribuyentes a mantener esta actividad. Otra vía de aporte indirecto son los aportes del Estado a las familias de asalariados del arroz (canastas, servicios de salud), que sin este subsidio, estarían por debajo de los requerimientos nutricionales mínimos según lo estimado por la “Línea de indigencia” (Frank y col. 2013).
Históricamente las condiciones de trabajo, vida y salud de los asalariados del sector ha sido crítica, generando diferentes conflictos e intervenciones del Estado. Yamandú Gonzales Sierra (1994) identifica en el año 1932 la primer «huelga moderna» en el agro uruguayo precisamente en el sector arrocero. Posteriormente «Se registran intentos organizativos y conflictos en 1954, en 1956, en 1957. En el último caso se produce una huelga seguida de una fuerte represión sindical que hace que el sindicato deje de existir hasta 1963 cuando se produce un nuevo intento de organización, que fructifica en 1964 con la fundación del SUPA» (Frank y col. 2013: 44) por lo que esta conflictividad acompaña la evolución histórica de la producción arrocera nacional. Dentro de ella es claramente identificable la asimetría de poder entre los sectores en disputa y la acción del Estado para dirimir el conflicto. «A los intentos de organización de los trabajadores para presentar plataformas reivindicativas y mejoras de sus condiciones han sucedido olas de persecución sindical que han desarticulado dichos intentos. Esta persecución sindical a lo largo de la historia en algunos casos ha contado con la anuencia por acción o por omisión de parte del Estado uruguayo» (Frank y col. 2013). Analizando los contenidos de esas reivindicaciones es posible apreciar que no se trata de conflictos estrictamente salariales, sino que se movilizan también frente a las penosas situaciones de vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos y otros aspectos que hacen a las condiciones de vida de los trabajadores que residían en las empresas, poniendo en cuestión la viabilidad de estos territorios como espacios para la vida. Esto llevó al Estado a la creación de la ley arrocera N°9991 de 1940 [anterior al «Estatuto del Trabajador Rural» (12)]. Analizar su articulado y lo elemental de los pisos mínimos que establece -al igual que con el actualmente vigente Decreto 321/009- da cuenta de la dura situación sobre la que se está interviniendo. El trabajo de Frank y col. (2013) identifica que aunque han existido avances en varios puestos de trabajo, muchas de esas dificultades persisten en la actualidad dentro y fuera de las empresas. Esto constituye un elemento paradojal del complejo, dado el peso creciente del salario en los costos totales anteriormente mencionado, lo que deja entrever que las causas de estas contradicciones se remontan a elementos estructurales del modelo productivo y no a coyunturas puntuales que se solucionan con pequeños cambios.
El arroz se promociona como un cultivo amigable con el ambiente, pero los efectos de la plantación de arroz son extensivos e intensivos en varios ecosistemas de la región y sus efectos en la salud humana poco evaluados. Este es un aspecto altamente significativo para analizar los conflictos ambientales, dado que articula la conflictividad interna de las empresas en relación a las consecuencias de su actividad sobre el ambiente y la salud de los trabajadores que la realizan, así como en la relación a la salud del resto de los habitantes de los territorios arroceros. Un aspecto es el vinculado a la consecuencia en la salud del uso de agrotóxicos que incluyen herbicidas, fungicidas e insecticidas los más utilizados en la producción arrocera” (Frank y otros. 2013:38). Este aspecto será analizado con mayor detalle en el apartado siguiente, dado que tiene puntos en común con las prácticas agrícolas que se promueven actualmente. Cabe aquí señalar como especificidad del sector que han habido mejoras con el uso de tecnologías de localización satelital para las fumigaciones aéreas, suprimiendo el puesto de trabajo de ‘banderilla’, que indicaba al avión el lugar donde fumigar y por lo tanto recibía el agroquímico directamente. Sin embargo, no han existido cambios para la tarea del ‘aguador’ (13) encargado del manejo de los canales para riego, y que tiene alta exposición a las sustancias tóxicas, pues su tarea se realiza a pie en el agua (14). Otro ejemplo es el vinculado al polvillo emanado por la industrialización del arroz (15). El mismo está asociado a diferentes patologías del sistema respiratorio, y en particular en el caso del arroz a enfermedades como la asbestosis o el «Rice Miller’s Syndrome» (Frank y col. 1973:193). Esto ha originado una serie de conflictos de distinta intensidad tanto en la interna de las empresas, así como entre los molinos y las poblaciones circundantes, de los cuales el caso más emblemático en Uruguay se dio en la ciudad de Tacuarembó, concluyendo en el traslado de la planta de Saman para otra locación más alejada (Ciganda y col. 2010).
Otra clase de impactos ambientales está vinculado a la alteración del ciclo hidrológico. La producción de arroz en el Uruguay implica generar canales artificiales para controlar el flujo de agua y regar la plantación que requiere un período de inundación completa. La fracción mayor de agua proviene de ríos y arroyos (68 %) y el resto de agua embalsada en represas (32 %). En el 95 % de los casos se utiliza bombeo eléctrico. Tanto mediante embalses o por extracción directa, el uso del agua para el riego en el Arroz es mayor al 99% del agua total utilizada en la cuenca de la Laguna Merín, frente a otros usos marginales en volumen como el abastecimiento de agua potable a poblaciones, industria y otro riego, entre otros, en ningún caso superando el 0,5% (Fonsalia 2014). La alteración de los regímenes hidrológicos, la desecación de los bañados y el uso masivo de agua dulce representan los impactos ecosistémicos más evidentes. A fines de los años ’70 en el periodo de facto, se permitió una modificación que afectó 100.000 ha., casi un cuarto de la zona protegida por la convención internacional RAMSAR para la protección de los bañados del este (Figura 4; Santos 2014). Esta alteración incrementó el número de canales de drenaje que desembocan en el canal Andreoni y finalmente son vertidos al Océano Atlántico a la altura del balneario La Coronilla. Esta alteración tuvo dos impactos marcados en los ecosistemas y el turismo de la zona. Los impactos en la biodiversidad y las comunidades biológicas de la playa de la Coronilla son significativos y están bien caracterizados y estudiados a lo largo del tiempo (Defeo & Lercari 2006). Estos incluyen cambios en la composición de especies, abundancias relativas y en atributos individuales de los organismos que viven asociados a la arena o en la zona de rompiente. Por ejemplo, por efecto de la descarga, el tatucito (Emerita brasiliensis) presenta variaciones en la talla máxima o la edad de madurez y la almeja amarilla, utilizada como alimento de seres humanos y carnada presenta una elevada mortalidad por los efectos de los agrotóxicos que se vuelcan a la playa por el canal (Sauco y col. 2013).
El incremento en la descarga y los efectos sobre la playa generó un efecto inmediato sobre actividades tradicionales de la zona, como la pesca artesanal de almeja amarilla o el turismo de Playa en la Coronilla. Este último caso es paradigmático, pues La Coronilla era el balneario estrella de la costa Atlántica en las décadas de los sesenta y setenta, caracterizado por la belleza de sus playas y con un desarrollo hotelero destacado en la zona, pero perdió rápidamente estas características. El Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha (16) plantea que “los bañados recuperen un funcionamiento más similar a las condiciones naturales (sic), previo a las obras de drenaje artificial”. Si bien la ley está redactada desde 2001, no se ha avanzado en ese tema mostrando un interés diferencial en cuanto a la resolución de conflictos por parte de los gobiernos de turno. Estos conflictos están instaurados y son visibles en la prensa de alcance nacional y regional (17). Por ejemplo, Paola Ferrari integrante de la Comisión de Turismo del balneario La Coronilla lo plantea claramente en una entrevista radial “Sí, la verdad es que esta es un cuenca muy grande donde hay muchos factores, donde hay muchos intereses. Están el sector turístico; el sector arrocero … hay bastantes intereses y algunos contrapuestos…”. A la interna gubernamental también se observa asimetría respecto a las prioridades, que se pueden visualizar con la decisión de establecer un Área Marina Protegida cuyo límite exterior (pero no incluido en) es el canal Andreoni. De esta forma se establece un Área Marina protegida, donde los efectos del canal son conspicuos. En este caso los organismos encargados de la protección ambiental están limitados en su accionar por decisiones de carácter económico productivo.
Agronegocio y cambios actuales en la producción agropecuaria
Los cultivos de oleaginosos han experimentado un dinamismo superior al de la agricultura mundial en las últimas décadas. Gran parte de ese dinamismo se explica por la demanda creciente de China con una expansión del área cultivada en América del Sur. América del Sur participa con un 60 % de la oferta exportable mundial. En Uruguay el proceso ha sido similar y Rocha no es la excepción, registrando un notorio avance de cultivos intensivos de perfil exportador con inversión y dependencia en la tecnología extranjera. Posteriormente se verifica una tendencia al crecimiento en superficie de los cultivos de organismos genéticamente modificados, principalmente soja transgénica y al uso de los llamados “paquetes tecnológicos” así como un avance de la forestación. Como fruto de esta dinámica se han verificado cambios drásticos en la estructura de precios relativos de factores de producción. La inversión en tierras creciente ha provocado un aumento muy importante en su precio absoluto y relativo a otros factores (el valor de la tierra se multiplicó por 8 desde el 2000). La participación de la soja en las exportaciones totales de bienes era 0.5% en el año 2000 y pasó a ser 16 % del total en el año 2014 donde se transformó en el principal rubro de exportación del país (18). Este incremento viene asociado a importantes impactos en las formas de producción pues las nuevas tecnologías y las escalas de producción no necesariamente son adecuadas para el ambiente en su conjunto y en general tienden a aumentar las desigualdades sociales. Ver Oyhantçabal y Narbondo (2008) para una revisión crítica del agronegocio y sus impactos en las zonas donde más ha crecido en Uruguay.
Este tipo de producción acentúa la primarización de la economía y la dependencia en los precios internacionales de las materias primas. A diferencia de Argentina, Brasil o Paraguay, que generan productos derivados (pellets, aceites de soja o harinas), agregando un proceso de industrialización, Uruguay exporta los granos. Las plantaciones son manejadas por grupos de inversión de estos países de la región y al mismo tiempo Uruguay importa los productos derivados producidos en Argentina (19). Es necesario observar quiénes son los actores en este proceso. La evolución de las plantaciones de soja es explicada por la variable precio internacional y por una coyuntura en Argentina (retenciones a las exportaciones) que impulsó la migración de capitales hacia Uruguay. En este sentido, los impactos ambientales de esta plantación quedan en Uruguay y los beneficios económicos directos son apropiados por capitales extranjeros. Esto es aun más grave en un contexto de extranjerización y concentración de la tierra, donde por ejemplo en el año agrícola 2012-2013 el 5.4% de los productores concentraba el 72.6% de la superficie plantada. Los efectos ambientales, sociales y económicos de las plantaciones de este tipo de monocultivos son más claros en la región del litoral Oeste de Uruguay, donde las plantaciones están implementadas desde hace más tiempo (Santos, 2014; Oyhantçabal & Narbondo 2008).
Entre los efectos ambientales más claros de la aplicación de estos paquetes tecnológicos están la contaminación de los cuerpos de agua con herbicidas y otras sustancias químicas (Di Marzio 2010), así como la eutrofización de los mismos y la consiguiente proliferación de floraciones algales nocivas. El aumento exponencial de la importación de plaguicidas y otras sustancias tóxicas en Uruguay está íntimamente relacionado con la superficie de soja plantada [Datos de DIEA-DGSA en (20)]. Otro de los principales problemas asociado a las plantaciones de soja es que incrementa la erosión de los suelos si el laboreo no se intercala con rotaciones adecuadas (Clerici y col. 2004). A estos efectos nocivos debe agregarse al avance del área plantada que sustituye la pradera natural y al aumento de la presión ganadera en los sitios relegados a este fin. La tendencia en Uruguay al incremento de las importaciones de sustancias químicas utilizadas como insecticidas, plaguicidas y fertilizantes es clara (Datos de DIEA-DGSA en 21) y según las previsiones oficiales, se pretende incrementar la carga y la cantidad de producción a nivel de país.
Estos cambios no han sido acompañados por una planificación ambiental estratégica seria, y su profundización traerá aparejada el incremento de las desigualdades sociales y ambientales.
Los efectos del incremento del área utilizada para actividades agropecuarias (agricultura y forestación) en los servicios ecosistémicos ha sido analizado de forma detallada para la cuenca de la Laguna de Rocha (Nin 2013). Los servicios más perjudicados por el aumento de estas actividades son el control de la eutrofización, es decir el control de la carga de nutrientes en el agua, el control de la erosión y la prevención de la invasión de especies exóticas invasoras. Si la expansión se incrementara hasta los límites teóricos máximos, los efectos negativos en estos servicios serían de entre el -10% y -30% (Nin 2013). En la Laguna de Rocha, ingresada recientemente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se detectó la presencia de un insecticida en los sedimentos, lo que alerta sobre el impacto creciente de las actividades antrópicas en este sistema protegido (Nardo, 2011).
Como medidas desde el gobierno, a partir del 2013 se exige a los propietarios o tenedores la presentación de un plan de uso y manejo de suelo para productores de más de 100 ha. que apunta a mitigar o disminuir la erosión hídrica de los suelos (OPYPA 2014). Esta exigencia es saludable y apunta a disminuir la erosión y el aporte de sustancias a los cuerpos de agua pero no considera otros impactos ambientales y de salud asociados a estas prácticas del agronegocio. En un escenario de incremento de esta forma de producción que se basa en aplicaciones de plaguicidas poco selectivos y de alta toxicidad supone un riesgo ambiental importante. Además, el uso indebido en la aplicación de estos plaguicidas y la falta de control suponen que el riesgo de incrementar la producción acarrearía problemáticas ambientales mayores.
Un problema de salud recurrente asociado a este tipo de cultivos está asociado a la intoxicación por el contacto con agroquímicos tóxicos (Taran y col. 2013). Los resultados de una investigación de alcance nacional realizada por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina- UdelaR, muestran que la patología vinculada a los plaguicidas constituye una consulta frecuente y que el grupo químico asociado a las fosfonoglicinas es muy frecuente y está relacionado al empleo del herbicida Glifosato. En particular, Rocha presenta en este estudio una alta incidencia de intoxicaciones por ingesta accidental o contacto con herbicidas. Por su parte, la predominancia de las consultas por intoxicaciones laborales se explican porque son agudas y evidencia las condiciones riesgosas para los trabajadores (Taran y col. 2013) y la falencia en las medidas para la protección de su salud. Las autoras plantean que “El desconocimiento por parte del trabajador del producto que está utilizando plantea una situación de gran vulnerabilidad y la necesidad de capacitación en este sector”. Estos casos de intoxicación aguda son un extremo, pero los casos crónicos, o sea de baja exposición por períodos prolongados son en general subrepresentados, pero presentan efectos en la salud relevantes. De hecho el informe concluye que “Las intoxicaciones por plaguicidas agrícolas y veterinarios representan una patología frecuente en nuestro país, y constituye un problema de salud pública”. Este aspecto del “paquete sojero” debe ser explícitamente considerado para definir las políticas agropecuarias pues los costos sociales y económicos asociados a estas enfermedades no son contemplados en los cálculos de los rendimientos e ingresos y son financiados por el conjunto de la sociedad.
Conclusiones y perspectivas
Las asimetrías en el poder y el reparto desigual de los beneficios y costos ambientales de las actividades humanas se registran históricamente en la zona. Las tecnologías y formas de producción que se están implementando sugieren que estas asimetrías se incrementarán en el futuro. Particularmente, la región este de Uruguay es una zona caracterizada por su grado de naturalidad y el número de ecosistemas relevantes para la conservación y donde el avance del modelo extractivista de producción presentan efectos nocivos visibles en el corto y mediano plazo. Los agentes promotores de este modelo productivo tienen fácil acceso a los gobernantes y medios de comunicación que reproducen un mensaje de crecimiento equiparado a bienestar. Sin embargo, el crecimiento sin organización, no implica desarrollo ni repartición equitativa. Ante esta realidad, la organización social y el acceso a información de calidad son insumos relevantes que permitirán hacer frente al avance de estas formas de uso y abuso de los ecosistemas que incrementan la desigualdad socio-ambiental. En este sentido, la consolidación de un observatorio de conflictos ambientales se presenta como una herramienta de visibilización, discusión y acción que apunte a fomentar y generar redes de trabajo en esta temática para superar esta situación. Las preguntas fundamentales deben girar en torno a ¿cual es el modelo que queremos? y ¿cómo decidimos ese modelo como sociedad?
Notas
(1) Censo 2011 – http://www5.ine.gub.uy/censos2011/index.html
(2) Paolino 2009(18) Uruguay XXI – Oleaginosos 2013.
(7) Datos de la ACA + MGAP DIEA Encuesta arrocera.
(8) http://www.aca.com.uy/datos-estadisticos
(9) Anuario OPYPA –MGAP 2014.
(10) Anuario Estadístico Agropecuario DIEA – MGAP.
(12) http://www.giro-prevencionistas.com.uy/pdf/agropecuaria/Ley%209.991%20Productores%20de%20Arroz.pdf
(13) Video sobre el aguador CSEAM, https://www.youtube.com/watch?v=ThN8uIjoTpY
(14) G.E.S.T.A. (2012). Cartilla para trabajadores y trabajadoras del arroz: Riesgos, prevención y reglamentaciones sobre salud en el trabajo. Montevideo: CSEAM.
Haz clic para acceder a cartilla_chacra_web_0.pdf
(15) “El polvillo al que están expuestos los trabajadores del procesamiento de granos en general es complejo, contiene restos del grano, su cáscara, malezas y pólenes que contaminan la planta, hongos y sus esporas (dependiendo del grado de frescura del grano), esporas o micro partículas contaminadas por roedores, pesticidas que se utilizaron en el cultivo, sílice del suelo y otros polvos orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo (Becklake, 2007).” (Frank y otros, 2013:191)
(16) http://archivo.pr esidencia.gub.uy/decretos/2004070602.htm
(17) http://www.lr21.com.uy/comunidad/178742-sigue-deteriorandose-el-canal-andreoni-y-peligranviviendas-en-la-coronilla
http://www.casaseneleste.com/blog/la-coronilla-pasado-presente-y-proyectos.html
http://www.produccionnacional.com.uy/notas/turismo/despues-de-abierto-el-canal-andreoni-secayo-todo-a-pedazos-2/
http://www.produccionnacional.com.uy/notas/turismo/reclaman-al-gobierno-ejecucion-del-plande-regulacion-hidrica-2/
(18) Uruguay XXI – Oleaginosos 2013.
(19) En el año 2014 se ampliaron las capacidades de procesamiento de una empresa uruguaya (COUSA) para la generación de aceites en pos de la industrialización primaria de esta oleaginosa. Pero los volumenes manejados son igualmente menores.
(20) http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2012/07/Impactos-del-cultivo-de-soja-en-Uruguay.pdf 21http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2012/07/Impactos-del-cultivo-de-soja-en-Uruguay.pdf
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