Aunque no concluyó la evaluación ambiental del proyecto y a pesar de la prohibición judicial de firmar el contrato, OSE envía intimaciones de desalojo perentorio a productores de la zona.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 8/7/2024.
El 27 de junio, cuatro días después de que el juez Letrado en lo Civil de 9º Turno, Alejandro Recarey, dictara la medida cautelar que prohibió a OSE firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, comenzaron a llegar las órdenes de desalojo – con un plazo máximo de 10 días para cumplirlas – a los productores que poseen campos en la zona de Rincón del Pino donde el Proyecto Neptuno prevé instalar una reserva de agua extraída del Río de la Plata con una extensión de 240 hectáreas.
Más allá de la medida cautelar y el juicio posterior en curso, el proyecto está lejos de contar con la Autorización ambiental Previa (AAP), sin la cual no se puede realizar ninguna actividad del mismo. Es más, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) solicitó recientemente nuevos estudios sobre la reserva de agua bruta o pólder y el depósito de lodos de la potabilización del agua por considerar insuficiente la información presentada por el consorcio.
No obstante, tras ser presentado por un consorcio privado y contar con el respaldo político del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la autorización de este proyecto ha atravesado varias instancias formales salteándose los requisitos constitucionales de participación social y el carácter estatal del servicio de agua potable instaurados por un plebiscito nacional dos años después de la ley de emergencia de 2002 que habilitó este tipo de iniciativas.
En base a informaciones del proyecto y estudios propios, productores de la zona han cuestionado sin éxito hasta ahora la conveniencia y la necesidad de esas instalaciones. No son solo aquellos inmediatamente perjudicados en sus predios, sino que han reunido más de 1.600 firmas de los pobladores vecinos y son respaldados por la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural de San José y el Centro Comercial e Industrial de Libertad.
Procurando mayores apoyos, una delegación de productores fue recibida el martes pasado por la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados y se reunirá en esta semana con la instancia equivalente en el Senado. Por unanimidad, la comisión mencionada decidió enviar a los ministerios de Industria Energía y Minería, Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca el acta de la sesión y convocar en forma urgente por este tema a las autoridades de OSE.
“Nosotros no estamos en contra de que se genere trabajo ni de que se resuelva el problema del agua, pero queremos que se resuelva bien y no en forma atropellada y vulnerando algunos derechos, no solo de los productores sino de toda la gente que vive en la zona, que son vecinos, porque esto va a terminar empobreciendo a la zona”, manifestó a los legisladores el productor rural e ingeniero agrónomo Diego Bonino, uno de los integrantes de la delegación.
Refiriéndose al posible impacto sobre el Acuífero Raigón del agua del Río de la Plata almacenada en el pólder, Bonino explicó que “esa agua eutrófica, que contiene exceso de fósforo, nitrógeno y algunas otras cosas, va a estar entrando en el acuífero en forma continua y eso va a generar la contaminación de esa fuente de agua para una cantidad de personas que vivimos en la zona y la utilizamos ya sea para uso doméstico o rural de los establecimientos, como riego”.
Bonino informó que las tierras en Rincón del Pino están por encima de los 200 puntos en el índice Coneat, entre las zonas más productivas del departamento de San José y de donde sale el 80% de la producción nacional de papa. Los trámites de expropiación que culminan con la intimación de desalojo afectan a unas 15 familias de la zona, fueron iniciados por OSE en marzo de 2023, sin que estuviera presentado aún el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
Campaña publicitaria
Desde la primera audiencia convocada por el juez Recarey el 21 de junio para analizar la medida cautelar planteada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV y el colectivo local Tucu-Tucu, los principales directivos del consorcio Aguas de Montevideo desplegaron una campaña publicitaria, en indudable connivencia de los medios que la acogieron, presentando las extraordinarias bondades del Proyecto Neptuno y escondiendo sus impactos.
El mayor protagonismo lo asumió el ingeniero Francisco Gross, director ejecutivo del proyecto. En la edición dominical del 23 de junio del diario El País, a doble página, Gross afirmó que preveían tener el permiso ambiental “a fines de agosto para iniciar las obras que culminarían en 2027” (sic). Una afirmación completamente irreal si se tiene en cuenta que tienen informaciones pendientes con la Dinacea y faltan la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública del proyecto.
El ingeniero Gross, quien fuera socio también de la empresa Aguas de Maldonado, cuya elevación de la tarifa cobrada a la población precipitó el plebiscito de 2004 que estatizó el servicio de agua potable, aseguró que el Proyecto Neptuno es “muy amigable con el medio ambiente” (sic). En contra la opinión de los estudios científicos existentes, descartó que en la zona donde se va a tomar el agua haya más salinidad y también la posible floración de cianobacterias.
Más adelante, al comentar posibles impactos del pólder, el empresario descartó “rotundamente”, según El País, que pueda haber una filtración de esa agua. “No hay ningún riesgo en el acuífero Raigón” (sic), enfatizó. Estas afirmaciones no solo contradicen las opiniones de académicos que prestaron testimonio en la Justicia, sino informaciones del propio EIA presentado a la Dinacea y sobre las cuales la autoridad ambiental acaba de requerir estudios adicionales,
Gross siguió apareciendo en otros medios que reprodujeron las mismas falsedades y, el 3 de julio, también en El País, se sumó el ingeniero Alejandro Ruibal, principal ejecutivo de Saceem y socio de Aguas de Montevideo. Muy elocuente, Ruibal preguntó y respondió: “¿De qué riesgos hablan? Esta es una planta de agua, no una central nuclear” (sic). Y agregó que no representa riesgo, que cumple con los estándares ambientales y que no está planteada la privatización del agua.
Pretenden ser tan contundentes en la negación de posibles impactos ambientales y sociales que entran en contradicción con sus propias declaraciones y hechos. Si no hubiera riesgos con este proyecto y fueran satisfactorias las explicaciones brindadas por los técnicos del consorcio, ¿por qué se clasificó el proyecto en la Categoría C, que requiere un EIA completo, y la Dinacea ha considerado “insuficientes” las informaciones que fueron presentadas hasta ahora?
“Es un invento lo de la privatización”, acotó Ruibal más adelante. “Los funcionarios de OSE operarán, abrirán y cerrarán la válvula, pondrán los productos químicos, ellos saben manejar plantas en Uruguay. Por eso queremos que la manejen, como está estipulado en el contrato”, afirmó. Sabemos que no hay mejor mentira que la mitad de la verdad. El director esconde los términos del contrato preparado por la OSE, cuya firma ahora fue suspendida.
“Serán por cuenta del Contratista – dice la cláusula 4 -, la gestión de la Toma de Captación de Agua Bruta, la Estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB), de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y obras conexas, de las tuberías de aducción de agua bruta y del transporte y disposición final de lodos de potabilización”. Por la Constitución y la ley, todas esas tareas forman parte de la producción de agua potable y deben estar, indefectiblemente, en manos del Estado.
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